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Armonización de leyes de datos personales

vía para garantizar este derecho a nivel nacional

El pasado 3 de noviembre de 2017, durante la XLVI Convención de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que la armonización de las disposiciones normativas en materia de datos personales es la vía para garantizar la promoción y ejercicio de este derecho a nivel nacional.

Acuña Llamas señaló que el principal reto es dar a conocer este derecho entre la población, principalmente, a los grupos con acceso limitado a las tecnologías de la información como las amas de casa, jornaleros y campesinos.

“Hay que llegar a ellos, ayúdenos desde la -Asociación Nacional de Abogados de Empresa- ANADE a establecer un vínculo efectivo y progresivo,” señaló.

Durante su intervención, Acuña Llamas destacó la labor de acompañamiento del Instituto para garantizar que los sujetos obligados cumplan con los principios y deberes de seguridad en el tratamiento de los datos personales.

Subrayó que el gobierno federal es el conjunto de entidades que más datos personales almacena en sus bases, por ejemplo, el Padrón Único de Beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Padrón de Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, el comisionado presidente del INAI destacó que las bases de datos y los archivos juegan un papel fundamental para el pleno ejercicio de diversos derechos como la protección de datos personales y el acceso a la información.

“Los archivos son el archivo permanente de la gestión pública y privada, de la vida de las personas y de las instituciones. Esa es una condición sine qua non para trabar una idea democrática”, enfatizó

Concluyó que entre los principales pendientes se encuentra emitir disposiciones normativas acorde con los estándares internacionales, que permitan al Instituto cumplir con las atribuciones que le fueron conferidas en la Ley General de Protección de Datos Personales.